Un total de 1.444 elementos de juegos de suerte y azar ilegales, que habían sido incautados en diversas regiones del país, fueron destruidos por Coljuegos en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Todos estos elementos eran utilizados en apuestas no autorizadas y estaban avaluados en más de $120 millones.
“Estas máquinas habían sido retiradas por la entidad en el año 2021 y, desde entonces, se encontraban alojadas en diversas bodegas del país. Queremos decirle a quienes operan juegos de suerte y azar sin contrato de concesión que no vale la pena estar en la ilegalidad”, aseguró Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.
Entre los elementos destruidos se encontraban 40 máquinas electrónicas tragamonedas, 2 ruletas, 165 sillas y 827 tableros de bingo, así como televisores, CPU, tiqueteras, monitores, módulos de apuestas por internet, entre otros elementos.
“A la fecha, ya hemos destruido más de 6.000 elementos en todo el país y, en los próximos días, esperamos destruir cerca de 3.000 elementos adicionales que fueron incautados durante nuestra administración en los últimos meses”, indicó Hincapié.
Y añadió: “Esperamos que los 31 pactos por la legalidad que hemos firmado en todo el país nos permitan intensificar las acciones de control contra las apuestas no autorizadas. Por ello, seguiremos llegando a todos los territorios del país para luchar contra quienes operan juegos de suerte sin aportar recursos para la salud”.
Cabe mencionar que las organizaciones de juego ilegal en el territorio colombiano están dejando de pagar al Estado alrededor de $1.5 billones anuales por derechos de explotación, recursos que podrían ser destinados para la salud de los ciudadanos de escasos recursos.
Es importante destacar que operar juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal, relacionado con el ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico.
Además de ello, los responsables podrían incurrir en otros delitos como el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa, concierto para delinquir y evasión fiscal, así como la posibilidad de afrontar un proceso por extinción de dominio del bien inmueble donde operen los juegos ilegales.
